El Senado debatirá el 6 de agosto una reforma que podría eliminar los límites a la compra de tierras por extranjeros en Argentina. Con millones de hectáreas ya en manos externas, especialistas advierten sobre el impacto en zonas estratégicas.
Por María Bradley
Sección: Política / Territorio
Lo que durante años pareció un dato firme —casi una frontera invisible pero vigente— hoy vuelve a ponerse en duda. La idea de que la tierra en Argentina tiene límites para su venta a extranjeros, que no todo puede comprarse ni transferirse sin regulación, pende ahora de un hilo. El próximo 6 de agosto, el Senado tratará una reforma que podría desarmar ese marco y reabrir una discusión que atraviesa la historia del país: quién decide sobre el territorio.
En los borradores oficiales se habla de “inviolabilidad de la propiedad” y de “libertad de inversión”. En los márgenes, en cambio, la pregunta se formula de otro modo: qué pasa cuando la tierra deja de ser nuestra.
Desde 2011, la legislación argentina fija un límite que hasta ahora ordenó ese interrogante: las personas y empresas extranjeras no pueden ser titulares de más del 15 por ciento de las tierras rurales, ni en el total del país ni dentro de cada provincia o municipio. No alteró el mapa heredado ni desarmó la concentración histórica, pero introdujo una idea de regulación en un terreno donde, durante décadas, la lógica predominante fue otra.
Ese límite es el que ahora se pone en discusión.
El dato que suele aparecer como punto de partida es también el más citado: alrededor de 13 millones de hectáreas —cerca del 5 por ciento del territorio nacional— están hoy en manos extranjeras. En términos agregados, la cifra no parece desbordada. Pero la lectura cambia cuando se observa cómo se distribuye. Investigaciones del sistema científico, entre ellas relevamientos del Observatorio de Tierras del CONICET, advierten que la extranjerización no se reparte de manera homogénea: se concentra en zonas específicas, muchas de ellas vinculadas a recursos estratégicos o ubicaciones sensibles.
El proyecto que impulsa el oficialismo se inscribe en un clima más amplio de desregulación. Los borradores que circulan en el Congreso plantean no sólo una flexibilización de los límites actuales, sino también una redefinición del margen de intervención estatal sobre la tierra. La ecuación que se propone es conocida: menos restricciones para facilitar el ingreso de capitales y dinamizar economías regionales. En esa lectura, las regulaciones vigentes funcionan como un obstáculo.
Pero no todos miran el problema desde el mismo lugar.
En el ámbito académico, la discusión se desplaza hacia otro eje. Especialistas en estudios territoriales vienen señalando que la eliminación de límites puede acelerar procesos de concentración y consolidar el acceso de capitales extranjeros a áreas de alto valor estratégico. No se trata únicamente de superficie productiva. Se trata de agua, de biodiversidad, de energía. En un contexto global atravesado por la crisis climática y la competencia por recursos naturales, el territorio adquiere una dimensión que excede lo económico y se vuelve parte de una disputa más amplia.
En ese escenario, la capacidad de regulación estatal deja de ser un detalle técnico.
La historia argentina, en ese punto, funciona como telón de fondo. Desde la conformación del modelo agroexportador hasta los procesos de concentración del siglo XX, la relación entre tierra, poder y capital —local o extranjero— nunca fue neutra. La ley sancionada en 2011 no revirtió ese recorrido, pero estableció un registro, un límite, una forma de intervenir.
Ese límite es el que ahora vuelve a estar en juego.
El 6 de agosto, el Senado votará. La escena inmediata será la de cualquier definición parlamentaria: conteo de votos, alineamientos, acuerdos. Pero el alcance de la decisión no se agota en ese plano. Porque lo que está en discusión no es sólo una norma ni una herramienta jurídica.
Es el grado en que un país conserva —o cede— la capacidad de decidir sobre su territorio.
Y esa, como tantas otras discusiones de fondo, no empieza ni termina en el recinto.