El Congreso debate cambios en la Ley de Glaciares mientras investigadores del CONICET, organizaciones ambientales y especialistas en derecho advierten que una reducción en las áreas protegidas podría afectar reservas estratégicas de agua. La discusión se produce en un contexto de retroceso de los glaciares y creciente presión sobre los recursos hídricos en la cordillera.
La discusión sobre la Ley de Glaciares volvió al centro de la agenda pública luego de que el Senado aprobara una reforma que ahora se analiza en la Cámara de Diputados. El proyecto impulsado por el oficialismo propone revisar algunos de los criterios de protección establecidos por la normativa vigente, lo que generó preocupación entre científicos, organizaciones ambientales y especialistas en derecho.
Sancionada en 2010, la Ley 26.639 estableció presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial, considerados reservas estratégicas de agua dulce. La norma también dio origen al Inventario Nacional de Glaciares, desarrollado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), dependiente del CONICET. Ese relevamiento permitió identificar más de 16.000 cuerpos de hielo distribuidos a lo largo de la cordillera de los Andes, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego.
El proyecto en discusión plantea modificar algunos de esos criterios, particularmente en relación con el alcance de las zonas protegidas. Uno de los puntos más sensibles es la redefinición del ambiente periglacial, la franja que rodea a los glaciares y que cumple un papel clave en el almacenamiento y la regulación del agua en alta montaña. Para especialistas que estudian estos sistemas, esa área funciona como parte de un mismo equilibrio ecológico y su alteración puede impactar en el comportamiento de las cuencas hídricas.
La discusión legislativa tuvo un nuevo capítulo en los últimos días con el inicio de audiencias públicas en la Cámara de Diputados. La convocatoria despertó un nivel de participación inusual: más de cien mil personas se inscribieron para intervenir en el debate. Sin embargo, distintos sectores cuestionaron el mecanismo de exposición, ya que el número de participantes habilitados para hablar fue reducido frente a la cantidad de inscriptos.
En paralelo, el debate se trasladó también al plano político y jurídico. El abogado ambientalista Enrique Viale señaló públicamente la necesidad de garantizar transparencia en el tratamiento de la reforma y advirtió sobre la influencia de intereses vinculados al desarrollo de proyectos extractivos en zonas de alta montaña.
Desde el ámbito científico, la discusión ocurre en un escenario que genera preocupación. Investigaciones realizadas por equipos vinculados al CONICET muestran que numerosos glaciares argentinos registran retrocesos sostenidos en las últimas décadas, asociados al aumento de las temperaturas y a cambios en los regímenes de precipitación.
En regiones áridas de la cordillera, estas reservas de hielo cumplen una función esencial al sostener los caudales de los ríos durante los períodos secos. De esos sistemas dependen poblaciones, actividades productivas y ecosistemas que encuentran en los glaciares una fuente de regulación natural del agua.
Las advertencias también llegaron desde el derecho ambiental. Para juristas y organizaciones especializadas, cualquier modificación que implique reducir niveles de protección podría entrar en tensión con el principio de no regresión ambiental, un criterio reconocido en acuerdos internacionales que establece que los estándares de preservación alcanzados no deberían retroceder.
Mientras el proyecto continúa su recorrido legislativo, la discusión trasciende el debate técnico sobre los alcances de una ley. En juego aparece una cuestión más amplia: cómo resguardar las reservas de agua en un territorio donde el retroceso de los glaciares ya forma parte de la evidencia científica.
En la cordillera, donde el hielo regula ríos que abastecen ciudades y sostienen economías regionales, la discusión sobre la Ley de Glaciares vuelve a plantear una pregunta central para el futuro ambiental del país: cómo proteger el agua en un escenario atravesado por el cambio climático y la creciente presión sobre los recursos naturales.