No es fácil advertir cuándo la crueldad se instala en la vida pública. A veces llega disfrazada de austeridad, de promesas de orden, de supuesta libertad. Y cuando queremos darnos cuenta, se ha naturalizado mirar hacia otro lado, acostumbrarnos al dolor ajeno, creer que nada puede cambiar. ¿Será que en Argentina estamos empezando a despertar de esa anestesia social?
Por María Bradley
El precio de naturalizar la crueldad
En la Argentina de hoy, decir “esto está mal” parece haberse convertido en un acto de valentía. Como si señalar la destrucción sistemática del Estado fuera una postura ideológica y no una simple constatación de la realidad. Durante mucho tiempo, criticar a Javier Milei era un tabú en ciertos ámbitos. Se repetía que su cruzada era necesaria para “acabar con el kirchnerismo”, como si esa consigna alcanzara para justificar el desmantelamiento de instituciones históricas y derechos adquiridos. En su relato, había un enemigo único al que había que derrotar. Pero lo que en realidad quedó en la mira fue mucho más amplio: el aparato estatal que sostiene la vida cotidiana de millones de argentinos.
La imagen de Milei blandiendo una motosierra en campaña no fue un show excéntrico: fue una declaración de principios. Allí estaba, en una plaza, prometiendo dinamitar el Estado. Y muchos aplaudieron. “Que queden los que deban quedar”, me dijo un compañero de trabajo convencido de que los recortes no lo afectarían. Ese mismo año, la radio en la que ambos habíamos trabajado durante dos décadas cerró sus puertas y nos dejó en la calle. Esa lógica de “solo algunos merecen quedar” no reconoce que nadie sobra en una república; es la mirada de un presidente y de un sector de la sociedad que conciben a las personas como piezas descartables.
Los hechos de estas semanas lo confirman. El gobierno vetó la ley de financiamiento universitario y la de emergencia pediátrica, decisiones que no se explican en términos económicos sino en clave ideológica. ¿Qué lógica sostiene que un país puede prescindir de universidades públicas que forman profesionales o de hospitales que atienden a niños? Lo mismo ocurrió con la ley de discapacidad: los sectores más vulnerables fueron considerados prescindibles. El veto no es solo administrativo: es un gesto de desprecio.
Mientras tanto, el dólar se dispara y con él los precios. Los salarios y jubilaciones se pulverizan. En cada ajuste, la carga cae sobre los mismos sectores: trabajadores, estudiantes, familias que dependen de la salud y la educación pública. El gobierno se presenta como adalid de la libertad, pero lo que se expande es la libertad de mercado, no la de las personas que luchan para llegar a fin de mes.
El mayor peligro no es solo económico: es cultural. La cultura de la crueldad consiste en mirar hacia otro lado, en aceptar como normal que se cierren hospitales, que se recorten pensiones, que se silencie a quienes reclaman. Es esa anestesia social la que permite que el ajuste se disfrace de heroísmo. Cuando nada duele, cuando todo se tolera, la crueldad se vuelve costumbre.
Sin embargo, no todo está perdido. El veto universitario desató una ola de movilización que atravesó generaciones. Estudiantes, docentes y familias salieron a la calle porque comprendieron que se juega algo más profundo que un presupuesto: se juega el futuro. Lo mismo ocurre con quienes defienden la salud pública, la cultura o los derechos de las personas con discapacidad. Son signos de que el letargo comienza a resquebrajarse.
No vivimos en un imperio regido por caprichos, vivimos en una república sostenida por instituciones y derechos colectivos. Si dejamos que la motosierra siga su curso sin resistencia, no habrá república que aguante. Tal vez haya llegado el momento de recuperar la capacidad de decir lo obvio: esto está mal. La pregunta que queda abierta es tan simple como urgente: ¿seguiremos siendo espectadores anestesiados de la crueldad o empezaremos, de una vez por todas, a despertar?