Nordelta, Tigre.
El operativo de captura y traslado de carpinchos realizado esta semana en Nordelta volvió a encender una alarma que excede largamente el conflicto vecinal. Lo que está en discusión no es solo la convivencia con fauna silvestre, sino la manera en que se gestionó una especie protegida, sin transparencia, sin control independiente y en aparente contradicción con la normativa ambiental vigente.
Lejos de tratarse de un procedimiento consensuado y debidamente comunicado, el traslado se ejecutó sin aviso previo a los veedores comprometidos, sin información pública clara sobre el destino de los animales y en un contexto de medidas judiciales que, según denuncian organizaciones ambientalistas y vecinos del propio barrio, no habrían sido debidamente respetadas. La falta de explicaciones oficiales posteriores profundizó el malestar y alimentó la sospecha de irregularidades administrativas y legales.
Durante la mañana del martes 13 de enero, varios carpinchos fueron sedados, introducidos en jaulas y retirados de Nordelta en camiones. Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y provocaron indignación entre quienes venían participando como veedores ambientales y reclamando instancias de diálogo previas. De acuerdo con denuncias coincidentes de asociaciones protectoras, el operativo se realizó sin la presencia de los veedores acordados, una condición clave para garantizar el cumplimiento de los protocolos de manejo de fauna silvestre. Tampoco se informó oficialmente cuántos animales fueron trasladados ni a qué lugar fueron llevados, un dato central cuando se trata de especies nativas.
Los carpinchos no “invadieron” Nordelta. Son habitantes históricos del Delta del Paraná y del río Luján, ecosistemas sobre los cuales se desarrolló el complejo urbano. Especialistas en ambiente coinciden en que la urbanización de humedales, la modificación de los cursos de agua y la eliminación de depredadores naturales alteraron profundamente el equilibrio del ecosistema, favoreciendo la permanencia de estas poblaciones en zonas hoy habitadas por humanos. En ese contexto, trasladar animales sin un plan integral no resuelve el problema de fondo: apenas lo desplaza.
La legislación provincial es clara. En la provincia de Buenos Aires, la fauna silvestre está protegida por normas que establecen criterios estrictos para su captura, traslado o relocalización, incluyendo justificación técnica, estudios previos y control efectivo por parte de autoridades competentes. Organizaciones ambientalistas sostienen que el procedimiento realizado en Nordelta no cumplió con estos requisitos básicos y que incluso podría haber vulnerado una medida cautelar que impedía el traslado hasta tanto se evaluaran alternativas menos invasivas. El punto más crítico no es únicamente el traslado en sí, sino la ausencia de garantías mínimas: sin veedores, sin informes públicos, sin certezas sobre el bienestar de los animales ni sobre el impacto ambiental de la medida.
El conflicto dejó al descubierto una fuerte división interna entre los propios vecinos. Mientras algunos reclaman el traslado por temor a accidentes o molestias, otros advierten que la responsabilidad no recae en los animales, sino en un modelo de desarrollo urbano que avanzó sobre territorios naturales sin prever mecanismos de convivencia con la fauna. Existen alternativas técnicas, como corredores biológicos, señalización adecuada, reducción de la velocidad vehicular o programas de manejo poblacional no traumáticos, que requieren planificación, inversión y voluntad política, no decisiones apresuradas.
Hasta el cierre de esta nota, no se difundió documentación oficial que detalle el procedimiento, el número exacto de animales trasladados, los criterios utilizados ni el lugar de destino. Esa opacidad contradice cualquier discurso de manejo responsable y deja abierta una pregunta inevitable: quién controla a quienes deciden sobre la vida de la fauna silvestre.
El traslado de carpinchos en Nordelta no puede analizarse como un hecho aislado. Es el síntoma de una política ambiental frágil, donde la urgencia inmobiliaria parece imponerse sobre la ley, la ciencia y el derecho de las especies nativas a existir en su territorio.
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